Convención Constituyente 2021

Por Luis Valenzuela Ríos, Ph.D.

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Chile ha estado viviendo momentos de mucha efervescencia política durante estos últimos meses. Esto se debe, en gran parte, a los esfuerzos de la mayoría de la sociedad chilena de generar cambios estructurales, significativos, en el sistema político, económico y social que rige a esta nación sudamericana.

Para entender este proceso, es importante puntualizar algunos antecedentes: 

Desde el golpe de estado de 1973, liderado por Augusto Pinochet y otros oficiales de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la sociedad chilena estuvo inmersa en un proceso sistemático de privación de sus derechos civiles y de violación de los derechos humanos. La dictadura militar no solamente dejó miles de muertos y desaparecidos, sino que instauró un sistema político y económico, que, según los sectores de la derecha chilena, debería ser un modelo a seguir por las otras naciones del continente. Una de las primeras medidas que tomó la dictadura, fue la eliminación de las leyes que amparaban los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho de todo ciudadano a pertenecer a un partido político, el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos. Además, la dictadura eliminó todos los programas sociales que había desarrollado el gobierno de Salvador Allende.  A la vez, el ejército y los servicios de inteligencia del Estado llevaron a cabo una violenta represión política, creando así las condiciones necesarias para el establecimiento del Modelo de Libre Mercado, es decir, la implantación del modelo Neoliberal. 

Para asegurarse que la implantación de este modelo fuera exitosa, Augusto Pinochet impuso una nueva constitución en el año 1980, la cual puso énfasis en la defensa de la iniciativa y la propiedad privada, a través de incentivos económicos, en su gran mayoría provenientes del Estado Chileno, sacrificando así el financiamiento de programas sociales, como los que eran destinados a la salud, educación y pensiones, entre otros. Lo que siguió, es historia conocida. Chile durante 17 años vivió una de las peores dictaduras de Latinoamérica, caracterizándose por un incremento desmedido de la pobreza, concentrándose la riqueza en manos de unos pocos oligarcas nacionales y el sector financiero norteamericano.

El 5 de octubre de 1988, después de muchos años de lucha y resistencia, el pueblo chileno dijo “NO” a la dictadura a través de un plebiscito que sacó del poder al dictador Augusto Pinochet en 1990. A partir de ese momento, se va generando en Chile un fuerte movimiento social, compuesto por personas que habían participado activamente por el cambio a un gobierno democrático, y que en ese momento exigía, además, cambios profundos en el sistema político que permitiera revertir los daños causados por la dictadura y el Modelo de Libre Mercado.

El salto de una dictadura a un sistema democrático, no significó un cambio profundo en el sistema político chileno. Muy por el contrario, la pobreza y desigualdad social se incrementó en proporciones nunca vistas, pero ocultada bajo las cifras de la Bolsa de Valores de Santiago, que, según la derecha, mostraban un gran crecimiento económico, el cual se convertiría en un referente, a seguir, para las economías emergentes de la región.

Las luchas sociales continuaban. En el 2006 se produjo una gran movilización de estudiantes secundarios, llamada La Revolución de los Pingüinos (nombrados así por el color blanco y azul de sus uniformes.) Los escolares se manifestaron a favor del derecho a la educación, de calidad y gratuita, para todos y en contra de su privatización impuesta por la dictadura militar a principios de 1980. Seguidamente, en el 2019 se produce lo que se conoce como el Estallido Social. La ciudadanía salió a las calles en protesta por el aumento de precio del transporte público en la ciudad de Santiago. Posteriormente, se manifestaron en contra al alto costo de vida, pensiones miserables, los precios elevados de los medicamentos y del pobre cuidado de salud en general. Tal vez, lo más significativo de este movimiento social, fue el rechazo generalizado de la ciudadanía a la clase política chilena. Esta movilización dejó como saldo 32 fallecidos y 3400 civiles hospitalizados. Finalmente, bajo una gran presión social, el gobierno derechista de Sebastián Piñera, propone una Nueva Agenda Social que incluiría la realización de un plebiscito para la creación de una Convención Constitucional, la cual tendría como principal responsabilidad, la redacción de una nueva constitución para Chile. 

Para cumplir con este objetivo se convocó a la ciudadanía a un plebiscito el 25 de octubre del 2020, en el cual, casi el 80% de los ciudadanos participantes votaron a favor de la creación de una Convención Constitucional. Durante el 15 y 16 de mayo de 2021 se realizaron las elecciones para escoger a los 155 miembros que compondrán la Convención. La derecha sufrió una gran derrota en esos comicios; los representantes independientes, progresistas y de izquierda lograron más de dos tercios de los escaños, 17 de ellos designados exclusivamente a los pueblos originarios. Y si esto fuera poco, la Convención Constitucional eligió, democráticamente, a Elisa Loncón, de la etnia Mapuche, como presidenta de este organismo, el cual tendrá el plazo de un año para redactar la Carta Magna.

La Convención Constitucional recién está comenzando a trabajar en su reglamento interno, no sin dificultades, debido al sabotaje protagonizado, desde su primera reunión, por sectores de la derecha chilena, quienes, no estando conformes con los resultados de la elección, y por ende por el perfil político de sus integrantes. 

La Burguesía chilena es consciente que, lo más probable es que la nueva Constitución los despojará de los instrumentos jurídicos que, históricamente, les han permitido el saqueo de los recursos económicos del país. No será nada fácil para los miembros de la Convención y para la ciudadanía, resistir los ataques que, seguramente serán perpetrados contra esta instancia democrática. Durante la campaña electoral de los Constituyentes, la gran mayoría de ellos plantearon algunos temas que consideraban que debían estar incluidos en este documento fundacional: 

1. Que la nueva Constitución reconozca a los pueblos originarios, quienes por generaciones han estado luchando por sus derechos y sus territorios, como como ha sido el caso del pueblo mapuche. Vale la pena recalcar que en Chile está vigente una “ley antiterrorista”, la cual fue diseñada y aprobada, exclusivamente, para combatir, a través de la violencia, las acciones de defensa llevadas a cabo por la comunidad mapuche. Por otro lado, se ha planteado, también, la necesidad de que la República de Chile, se considere un Estado Plurinacional, es decir, como expresó Pedro Cayuqueo: “…el reconocimiento a la diversidad de naciones que componen el Estado”. 
2. Se quiere incluir el derecho a la educación, de calidad y gratuita, para todos, acabando así con décadas de privatización de la enseñanza en Chile.
3. El derecho a tener acceso a un sistema público de salud, de calidad y gratuito como requisito fundamental para el funcionamiento de la sociedad.
4. El derecho a tener acceso a un sistema de transporte público que opere con precios justos, como condición fundamental para agilizar la movilidad de la población en el ejercicio de sus actividades cotidianas.
5. Que la constitución garantice el respeto a la diversidad en todas sus expresiones; racial, sexual y de género, entre otras. Que Chile se destaque por ser inclusivo, en todo el sentido de la palabra.  
6. El derecho al trabajo, como pilar fundamental para el sostenimiento económico y desarrollo humano integral de todos.
7. Que la Carta Magna asegure la creación de un sistema previsional público, que ofrezca pensiones dignas para todos los trabajadores chilenos en edad de jubilación. 
8. La protección del medio ambiente, a través del desarrollo de energías sustentables y la nacionalización de los recursos naturales, como el agua, los bosques nativos, la biodiversidad, la cual debe ser propiedad de todos los chilenos. Chile es uno de los pocos países que privatizó un recurso tan esencial como el agua.

Éstos son solo algunos de los puntos que varios representantes desean incluir en la agenda de discusión de la Convención Constitucional. Las preguntas que emanan en este posible escenario político es la siguiente: ¿Permitirán las oligarquías chilenas que se incluyan en la Constitución este tipo de derechos?, ¿Qué tipo de medidas represivas adoptará la burguesía chilena para detener este proceso de cambios?, ¿Cuál será la actitud de la ciudadanía frente a la necesidad de incorporar estos cambios?

La única certeza que se tiene en estos momentos, es que, para llevar a cabo estas transformaciones políticas en la sociedad chilena, será necesario apoyar, vía movilizaciones masivas por parte de la ciudadanía, el arduo y difícil trabajo que tiene por delante la Convención Constitucional.